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3 de septiembre de 2013
OBJECIONES Y CONTRAPROPUESTAS DE ATECH AL PROYECTO DE LEY 4372/10 –DE EDUCACION PÚBLICA DE GESTION COMUNITARIA BILINGÜE INTERCULTURAL INDIGENA-
Los instrumentos de derechos internacionales –pactos, convenciones, declaraciones, como las constituciones y las leyes- no garantizan en sí mismo el usufructo de un derecho por los pueblos, si no van acompañados de una verdadera decisión en el convencimiento y la acción de los gobiernos a su turno. Con buena voluntad, con la presencia en los instrumentos antes mencionados no alcanza, y esto ha quedado demostrado en lo que hoy tratamos específicamente, el proyecto de ley en cuestión.

Nuestra Constitución es clara respecto de los derechos de los pueblos originarios, con su educación, al igual que la ley 6691/10 de educación provincial, la cual lleva ya casi tres años y poco o nada se ha hecho. El enunciado de una nueva ley específica tampoco va a resolver en sí misma el problema de la educación de los pueblos originarios, si no se priorizan los legítimos y verdaderos intereses de estos pueblos, y se dejan de lado los intereses que han llevado al fracaso de todo intento de saldar esta deuda histórica.

Con preocupación observamos desde la ATECH, con el análisis de los artículos tercero (3°), noveno (9°) y décimo séptimo (17°) del proyecto en discusión, que el autor, autora, o autores del mismo, se han preocupado más por quien “dirigirá” las escuelas involucradas y quiénes integrarán su personal, y cómo se designará al mismo, que en analizar los fines y objetivos de la ley. Éstos, en una ley general como lo es la de educación provincial 6691/10 son claros, precisos y específicos; y no generales como intentan establecerlos desde el proyecto cuestionado, cuando en esta ley específica que se pretende sancionar deberían ser aún más precisos aún, que en la ley general. Al menos, hubiesen transcripto textualmente en su totalidad desde la ley general al proyecto y no “reducirlos” a un mínimo tratándose nada más ni nada menos que de los “fines y objetivos”.

Preguntamos a los señores legisladores si permitirán sean tratadas tantas leyes y regímenes laborales como modalidades figuran en la ley 6691/10 –de educación provincial?-. De igual modo preguntamos si el/la/los legisladores autores han previsto la discusión de un nuevo régimen laboral docente que contemple las relaciones laborales en las escuelas de gestión comunitaria bilingüe intercultural indígena?. O si permitirían la posibilidad de leyes específicas para el resto de las modalidades al igual que de nuevos “estatutos” laborales para quienes se desempeñen en las mismas? Pensarán hacerlo, también al margen de la Constitución, como esta ley que propician desde el proyecto que objetamos?

Si no se le permite a las otras modalidades, sería difícil pensar en que la modalidad objeto de este proyecto figure en el capítulo que se le ha indicado en la ley 6691/10, y no se comporte como un servicio privado con subvención total del Estado, que definitivamente consideramos desde la ATECH, es la Institución que cabría para las escuelas de esta modalidad, de la forma en que se intenta estructurarlas desde el objetado proyecto oficial.

“La organización, administración y conducción del proyecto educativo comunitario…” que establece el artículo noveno (9°) del proyecto en cuestión, “…a ejercerse por el Consejo Comunitario…” se da de patadas con lo establecido por la Constitución Provincial, que en su artículo 81°claramente subraya que “El Estado Provincial es el que ejerce el gobierno de la educación, y a tal fin organiza, administra y fiscaliza el sistema educativo, con centralización política y normativa, y descentralización operativa, de acuerdo con el principio democrático de participación”. En ningún lado agrega nuestra Carta Magna, “salvo o excepto” cuando se trate de escuelas de gestión comunitaria bilingüe intercultural indígena”.

El artículo décimo tercero (13°) –del proyecto- establece que el Ministerio de Educación designará al personal que cumplirá funciones en las POF (plantas orgánico funcionales) de estos establecimientos, la que se conformará por el 50 % de docentes indígenas, propuestos por el Consejo Comunitario, en el marco de los “derechos establecidos en el artículo 9° de la presente ”, y el otro 50 % por docentes inscriptos en la junta de clasificación respectiva de acuerdo con la Ley del Estatuto del Docente como corresponde, y… la otra mitad no!!!

¿Obligaciones diferentes para los docentes criollos y los docentes indígenas? Con el agregado de que los docentes que cumplan con el requisito de inscripción en la Junta de Clasificación, de acuerdo con el Estatuto podrán desempeñarse finalmente en estos establecimientos, siempre y cuando el Consejo Comunitario les preste conformidad. Esta sola cuestión desde ya imprime un fuerte carácter discriminatorio a la tan mentada ley que se intenta desde el proyecto oficial.

Ratificamos la denuncia que efectuáramos desde la ATECH de manera pública, y ante esta misma Legislatura, particularmente ante la Comisión de Educación, en mayo de 2012 –cuestión que ni siquiera ha sido tenido en cuenta, en virtud de que el proyecto original del oficialismo no ha contemplado ninguna de todas las objeciones que hiciéramos en su momento al mismo, manteniéndose a la fecha con su redacción original-, que de la lectura y análisis minucioso del objetado proyecto, sedesprendería una aparente intencionalidad política de violación lisa y llana de la Ley del Estatuto del Docente –de rango constitucional-, lo que conllevaría sin más a que dicha ley, de aprobarse como está el proyecto 4372/10, incurra finalmente en una inconstitucionalidad manifiesta, acarreando desde ya como consecuencia de tamaña violación a la Carta Magna y a la ley del Estatuto con rango constitucional, que los docentes que allí se desempeñen, sean criollos o aborígenes, tengan conculcados sus derechos todos, el de acceder en igualdad de condiciones y en el marco de la misma, por concurso, al ingreso, traslado, reincorporaciones, al ascenso, derecho último éste más que vulnerado desde la pretendida ley en base a este proyecto, al imponer la designación del director de estos establecimientos “a dedo”… especificando  el artículo décimo séptimo (17°) del proyecto que “…el personal directivo será elegido por el Consejo Comunitario”...¿ No es conculcarle derechos constitucionales, no solo a los docentes criollos, sino a los propios hermanos docentes aborígenes, vedándoles tan nobles derechos constitucionales?... Y especialmente la discriminación acentuada para los propios colegas aborígenes, como al Maestro Intercultural Bilingüe que cuenta con título docente,  –con su cargo así determinado por el Estatuto del Docente-, a quien se le cierra toda posibilidad de hacer carrera dentro del sistema educativo provincial, para ascender al cargo de supervisor de su modalidad, como prevé el Estatuto para las otras modalidades. ¿De qué “ampliación” de derechos nos hablan algunos ante nuestra crítica constructiva al proyecto oficial?

El artículo décimo octavo (18°) siempre del proyecto cuestionado, establece que “el personal docente tendrá las siguientes funciones, además de lo establecido en la normativa vigente”… para enumerar a renglón seguido una serie de “obligaciones”. Pero en lo que respecta a sus derechos establecidos en la ley del Estatuto del Docente –de rango constitucional- no solo que no se dice nada, sino que se avanza por sobre dicha ley, con la consecuente conculcación de derechos señalados antes.

El debate que se llevó adelante para la construcción y posterior sanción de la ley 6691/10 –de educación provincial- que surgiera de un amplio consenso de los distintos sectores de la sociedad chaqueña, quizás tenga la respuesta en su capítulo V, que se refiere a la Institución y a la comunidad educativa, a los planteos que surgen  de la preocupación que llevó a los autores, a la elaboración del proyecto aquí objetado, que pone de manifiesto una vez más que no sólo con “voluntad” o “intención” alcanza.

El cierre de la escuela pública estatal gratuita y obligatoria de jornada completa N° 1010 de Presidencia Roque Sáenz Peña – dos meses después de ser inaugurado su nuevo edificio por el Gobernador de la Provincia-, demostró en los hechos que fue cierto lo que oportunamente denunció y alertó la ATECH, ante toda la opinión pública, ante esta Cámara de Diputados, el Ministerio de Educación del Chaco, en mayo del año 2012, sobre el vaciamiento de escuelas públicas estatales, gratuitas y obligatorias fue cierto, para “reemplazarlas” por escuelas de gestión social indígena, creando en el mismo predio de la escuela cerrada, la Escuela de Gestión Social Indígena N° 2 de esta modalidad –a título de “experiencia”, firme y vigente a la fecha. Una de las consecuencias de esta situación, fue sin más la desestabilización laboral de los docentes que se desempeñaban en la escuela objeto del cierre intempestivo, que esta Legislatura no desconoce, precisamente por la denuncia que hiciera oportunamente este Sindicato.

Por ésta razón, consideramos imprescindible desde la ATECH, quede establecido en la ley que vaya a surgir, la prohibición expresa para con el cierre de alguna escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria para crearse allí una de la modalidad que nos ocupa en este debate.

Otra de las cuestiones que no prevé el proyecto 4372/10 es el número máximo de escuelas de esta modalidad  que irían a crearse, y que desde la ATECH consideramos no debe estar ausente en el texto de la ley que vaya a aprobarse, a fin de evitar la concreción de favoritismos políticos partidarios en su creación, desatendiendo así las verdaderas necesidades del servicio en las distintas comunidades que efectivamente lo necesiten.

La ATECH advierte a toda la clase política chaqueña, que en modo alguno permitirá que logren enfrentar a los docentes y a sus respectivas entidades representativas con nuestros pueblos originarios, y en particular a este Sindicato que históricamente ha luchado y lucha por la ampliación y concreción de los derechos para todos, intentándose desde algunos funcionarios y legisladores generar en la opinión pública la idea de que los trabajadores de la educación de esta Provincia nos oponemos a la creación de las escuelas de gestión comunitaria bilingüe intercultural indígena.

Este Sindicato siente el deber de preguntarse públicamente, si nuestros legisladores terminarán aprobando, a cualquier precio, una ley que está ampliamente advertida por la ATECH, que cuenta con innumerables vicios de inconstitucionalidad –desde el proyecto 4372/10, por resultar absolutamente conculcatoria de derechos establecidos en la propia Carta Magna a través de la ley del Estatuto del Docente contenido por ella, tanto para los docentes criollos como para los docentes aborígenes. ¿O es que en medio de un escenario electoral, todo vale y no cuenta que una vez promulgada dicha ley la misma sea atacada por inconstitucionalidad y eventualmente la Justicia así pudiera declararla?

La ATECH apuesta a la mejor ley –que incluya a todos y no excluya a nadie-, y lo plantea con autoridad, porque a la par de la crítica constructiva y desde que hemos tomado conocimiento de este proyecto, hemos planteado las contrapropuestas correspondientes, que hoy, las reiteramos una vez más por este medio.

La reparación histórica de la que tanto se habla pero por la que muy poco se ha hecho, de nuestros pueblos originarios, debemos propiciarla con acciones viables y concretas, en el marco de los derechos garantizados para nuestros hermanos aborígenes, sin inventar ningún instrumento que signifique “hacer como que”, sin apostar a cristalizar en los hechos el ejercicio de sus verdaderos derechos. 



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