A este panorama se suma el impacto del Proyecto de Ley 3331/26, impulsado por el gobernador Leandro Zdero. La iniciativa legislativa busca poner fin de manera definitiva a la cláusula gatillo, una herramienta histórica de resguardo para los haberes de los trabajadores de la educación.
La medida del Ejecutivo no solo elimina la actualización automática, sino que entra en conflicto directo con el marco legal vigente. Por un lado, incumple el artículo 47 del Estatuto Docente (Ley 647-E); por el otro, vulnera preceptos constitucionales que garantizan la intangibilidad de los sueldos docentes, un principio orientado a proteger el salario del personal educativo frente a decisiones arbitrarias o devaluaciones del contexto económico.
Frente a la consolidación de este ajuste, gremios y comunidades educativas advierten sobre el grave impacto de las políticas salariales vigentes en la calidad del sistema educativo provincial y la sustentabilidad del trabajo docente.
