La iniciativa pone el foco en atender tanto las demandas laborales del personal comunal como la continuidad de la oferta educativa terciaria en la región.
Frente al contexto inflacionario actual, desde el cuerpo legislativo se reconoció la legitimidad del reclamo salarial impulsado por los trabajadores municipales, ratificando la voluntad de mantener canales de diálogo permanentes. El objetivo planteado es gestionar nuevos fondos que permitan otorgar mejoras en los haberes sin desatender los equilibrios financieros que sostienen la administración local.
En ese marco, se remarcó la necesidad de actuar con prudencia fiscal para sostener los servicios básicos, el plan de obras públicas y la asistencia social directa que asiste mensualmente a 3.000 vecinos en situación de vulnerabilidad económica. La prioridad señalada apunta a consolidar un esquema de gestión que proteja a los sectores sin ingresos formales mientras se gestionan recursos adicionales para la planta municipal.
El documento remitido a la Legislatura y al Ejecutivo provincial incluye además una advertencia sobre la situación de los institutos públicos de educación superior. El planteo subraya la urgencia de preservar la infraestructura y el financiamiento de estas instituciones para garantizar que los jóvenes del interior cuenten con oportunidades reales de formación y arraigo en sus comunidades.
